Zona de exclusión de protestas y registro de manifestantes violentos:
Los ejes del plan “Recuperemos la Paz Social” del Partido Republicano para “detener la violencia urbana”
Durante esta jornada, además, la tienda liderada por José Antonio Kast, dio inicio oficialmente a la campaña a gobernador regional de la Región Metropolitana de Rojo Edwards.
Esta mañana, representantes del Partido Republicano se reunieron en las cercanías de Plaza Baquedano con el fin de lanzar la campaña de Rojo Edwards como candidato a la gobernación de la Región Metropolitana, y presentar su plan “Recuperemos la Paz Social”, el que tiene por objetivo “detener la violencia urbana”.
Un proyecto que -según detalla Republicanos- surge a partir de las convocatorias de los días viernes en Plaza Baquedano, y el reciente anuncio de la remoción de la estatua del General Baquedano para su restauración. “Promesas más, promesas menos, el Gobierno ha sido incapaz de controlar la violencia”, dijeron desde la tienda liderada por José Antonio Kast.
“El punto final de la incapacidad del Gobierno quedó de manifiesto ayer, al informar que la estatua del General Baquedano será removida de su lugar, lo que implica una verdadera capitulación frente a la violencia y una renuncia total a las convicciones más básicas de un estado democrático”, añadieron en un comunicado. Esto, pese a que autoridades de gobierno señalaron este jueves que el monumento volverá a su sitio una vez reparado.
En las afueras de la Iglesia de Carabineros, José Antonio Kast, Rojo Edwards y la candidata a constituyente por el distrito 10, Teresa Marinovic, oficializaron el inicio de la campaña a la gobernación metropolitana. Se espera que durante esta tarde publiquen el programa de campaña para la capital, y presentar los principales ejes de su iniciativa “Recuperemos la Paz Social”.
“Los Republicanos somos quienes estamos orgullosos de lo que somos, orgullosos de ser chilenos, de bailar cueca, de nuestras estatuas, de Caupolicán, de Colón y Baquedano”, dijo Edwards, quien añadió que una de sus primeras medidas -de ser electo gobernador- será devolver la estatua a su lugar.
“El reflejo del mal manejo del gobierno lo veremos en el retiro de la estatua, muestra falta de carácter”, dijo Kast. “Si yo hubiese sido Presidente, las medidas tras el 18 de octubre (de 2019) hubiesen sido muy distintas. El Presidente tiene todas las facultades para enfrentar la violencia. No puede estar cuestionando y cambiando a Carabineros cada vez que la opinión pública está en desacuerdo”, afirmó el presidenciable republicano. “Vamos a recuperar el estado de derecho, algo que no ha hecho este gobierno”, agregó.
Entre los objetivos del plan “Recuperemos la paz social” figura el “poder hacer más efectiva la intervención policial”, para lo que solicitan “el compromiso de apoyo total de la autoridad civil a las actuaciones de Carabineros de Chile, la autorización para el uso de escopetas antidisturbios y todo tipo de instrumentos de disuasión efectiva”.
También proponen crear una “zona de exclusión de protestas” para las áreas habituales de “conflicto”, así como sus sectores aledaños, para que sean cerrados y tengan mayor control. Así como crear un equipo especial de Fiscalía que se ubique en lugares estratégicos -como el Monumento del General Baquedano- para que reúna evidencias de “acciones vandálicas”.
Solicitan, además, que el Instituto de Derechos Humanos (INDH) documente y persiga agresiones a Carabineros. “Durante los últimos años, el INDH ha cumplido el inadecuado rol de tomar partido por los violentistas y no por los ciudadanos honestos y las fuerzas policiales que lo protegen”, aseguraron desde la tienda.
El Partido Republicano plantea además la creación de un “Registro y Empadronamiento de Manifestantes y Protestantes violentos”, la prohibición del emplazamiento de vendedores ambulantes ilegales en los ejes principales de los centros cívicos del país, y aumentar significativamente la dotación de personal de seguridad municipal.
Otras de las propuestas incluye crear un fondo “para víctimas de violencia urbana”, una reforma legal para obligar a imputados a “responder por daños producidos”, y aumentar las sanciones a los grafitis y a los padres de menores involucrados en desórdenes.
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