Columna de OpiniónNoticiasPrensaMarie Claude Mayo: La corrupción en el mundo municipal, un desafío para Chile

13 julio 2021por Coki Mayo

Marie Claude Mayo: La corrupción en el mundo municipal, un desafío para Chile

Columna de Opinión:

Marie Claude Mayo: La corrupción en el mundo municipal, un desafío para Chile

Una sociedad no puede superar la corrupción recurriendo únicamente al Derecho Penal. La estrategia necesita técnicas que permitan aminorar las oportunidades delictivas.

En las organizaciones públicas, la corrupción es aquella práctica consistente en la utilización de las funciones y medios en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores, amigos o parientes, lo que se traduce en que los recursos no llegan a las personas, sino que abultan los bolsillos de quienes administran las distintas esferas del poder dentro de una organización. En este sentido, cada día, los chilenos somos más conscientes de estos hechos y, al mismo tiempo que se conocen más casos, podemos advertir que el mundo municipal resulta especialmente susceptible debido a su mayor autonomía, manejo de altas sumas de dinero, amplio poder sobre diversos bienes y servicios, extendida normalización de malas prácticas y escasa rendición de cuentas.

Son de público conocimiento los graves casos de corrupción en diversas municipalidades, comenzando por escandalosos viajes de quienes son los primeros llamados a fiscalizar -los concejales- para luego pasar por enmarañadas estructuras de desvíos de fondos por medio de las corporaciones municipales u organizaciones funcionales asociadas, contrataciones de asesorías que no prestan utilidad alguna, sobrefacturación de servicios, contrataciones “fantasmas” de funcionarios por servicios inexistentes, pagos muy por sobre el precio de mercado de bienes y servicios, etc. Así las cosas, existen empresas que llevan años adjudicándose licitaciones de recambio luminarias led en los municipios de Recoleta, Iquique, Chillán y otras ocho municipalidades, y en el que incluso habrían estado involucrados funcionarios de otros órganos públicos.

Sin lugar a duda, el caso que mayor polémica mediática ha generado es la Municipalidad de San Ramón, donde nos hemos enterado de la contratación de personas ligadas al narcotráfico o condenadas por delitos por intento de homicidio, porte de armas o receptación de vehículos. Desgraciadamente, esta realidad no se circunscribe a la administración del alcalde Aguilera, quien fuera vencido en las urnas tras la repetición de la votación en 65 mesas, producto de las graves inconsistencias e irregularidades detectadas.

Por otra parte, surgen investigaciones en la Municipalidad de Viña por el pago de horas extras, presupuestos falsos y escuelas de fútbol que nunca prestaron servicios; en Valparaíso se revisa la presunta ilegalidad y faltas a la probidad en un concurso público de la Corporación Municipal de Valparaíso; en Concón se debió iniciar un sumario en contra del director de Obras Municipales por no cumplir la obligación de dejar sin efecto los anteproyectos y permisos de construcción de una empresa; en otras municipalidades exalcaldes son investigados por recibir pagos de mineras con el objeto de que el municipio cesara las acciones legales que impedían un proyecto de expansión o por recibir pagos de empresas contratistas, a cambio de asignaciones para proyectos, entre otros tantas situaciones que no pasan los más mínimos estándares.

El combate contra la corrupción debe ser una política de Estado, transversal y permanente en el tiempo, siendo el punto de partida la identificación de las formas y elementos que la facilitan, mientras la mejora general en los procedimientos y el reforzamiento de los principios de publicidad de las actuaciones de los órganos públicos debieran ser las bases de una estrategia concreta.

La utilización de bienes o servicios públicos para el favorecimiento de intereses particulares y el abuso de poder por un empleado público debe ser severamente sancionado, porque el germen de la corrupción surge de prácticas que muchas veces pueden parecernos irrelevantes.

Los ciudadanos debemos atrevernos a denunciar hechos irregulares en caso de conocerlos. De lo contrario, nos convertiremos en cómplices. Necesitamos dar señales potentes para recuperar la fe pública donde los delitos no queden impunes y los corruptos cumplan sus penas, caiga quien caiga.

Es importante contar con mecanismos de denuncias anónimas y que otorguen al denunciante protección de su identidad, además de contar un canal de denuncias a través de la Contraloría.

En cada municipio debiese existir una oficina de Compliance u Oficina de Cumplimiento Normativo, con el fin de evitar conductas contra la probidad y educar a sus funcionarios en el tema.

Frente a la incapacidad para detectar comportamientos corruptos en el propio seno del aparato público, resulta llamativo que las corporaciones privadas se hayan visto incentivadas por el Estado a promover programas de cumplimiento normativo en sus organizaciones, mientras que estas medidas de control preventivo no se han trasladado al ámbito de la Administración pública con la debida celeridad. Parece evidente que, al margen de discusiones jurídicas, existe un cierto consenso en que una sociedad no puede superar la corrupción recurriendo únicamente al Derecho Penal. Por consiguiente, la estrategia necesita técnicas que permitan aminorar las oportunidades delictivas y, en definitiva, los escenarios que faciliten comportamientos corruptos.

No podemos seguir esperando que el control de riesgos quede confiando simplemente en normas de carácter general, como las de conflictos de interés, las incompatibilidades, las leyes de transparencia y buen gobierno o códigos éticos generales, sino en el diseño y operativización necesarios para que estos controles se cumplan.

Un estudio realizado por el Instituto Ideas Republicanas concluye que las estrategias de combate a la corrupción no sólo deben buscar detenerla, sino terminar con las condiciones socio-culturales que permiten eliminar el suelo fértil donde la corrupción prospera, es decir terminar con lo que corrompe la cultura ética de la sociedad, restableciendo el “hacer lo correcto”.

La sociedad en su base debe persuadirse, ya que la corrupción impide el desarrollo, desalienta el emprendimiento, distorsiona el mercado y genera el cinismo estructural. Distinguimos cuatro estrategias o formas a nivel general para combatirla:

  • Estrategias Globales. Buscan hacer una revolución en la sociedad y abarcar todos los ámbitos de ella para producir un cambio en las conductas y establecer patrones culturales diferentes que hagan giros de carácter comprehensivos en valores esenciales que se estiman claves para crear códigos éticos transversales. Muchas veces los esfuerzos para llevar adelante este tipo de cruzadas terminan en campañas que pierden vigor en la medida que sus proponentes encuentran oposición larvada, desinterés y los proponentes ven disminuir su influencia política.
  • Estrategias de Control. Giran en todo a crear mecanismos y organismos que supervigilan la naturaleza de las leyes, de los procedimientos o los resultados. Son en general bastante populares en América Latina, pero se convierten en mecanismos formales que no van al fondo de los actos corruptos, sino que se quedan apegados en la formalidad, que implica menos costos de supervisión. Toman tres modalidades: las contralorías, que se erigen como barreras de control a leyes en proceso de promulgarse. El ombudsman, encargado de supervigilar el proceso de cómo se implementan las reglas y de cómo son violadas o ignoradas. Y en tercer lugar la cámara baja del Parlamento como órgano fiscalizador.
  • Estrategias Legales. La visión es que las leyes crearán el marco de comportamiento y si ellas son claras, precisas, simples y eficaces de ejecutar y fiscalizar, los problemas de corrupción se irán arrinconando y desapareciendo. El foco no es la probidad en sí, sino la corrupción. Al ir sancionando los actos corruptivos se irá creando espacio para que la probidad tenga capacidad de acción. El problema de Chile en esta materia es que, contando con un marco normativo extendido de leyes anticorrupción, ésta no logra ser erradicada. Estas leyes simplemente no se cumplen porque, no hay suficientes sanciones, no hay suficiente fiscalización, no existen los incentivos adecuados o los valores culturales logran modos de actuar que ignoran o esquivan los procesos legales.
  • Estrategias administrativas. Persiguen que el aparato de funcionarios estatales y municipales adopte una cultura y ethos profesional que sea impermeable al estímulo corruptor. También requiere de una campaña formativa, aunque menos generalizada que la global, implica un esfuerzo focalizado en un amplio grupo de personas con diferentes tradiciones y motivaciones laborales. Estas estrategias administrativas presentan una dificultad evidente en sistemas donde los cuadros directivos son reemplazados con cada nueva administración. Lo anterior, debido a la poca formación y solidez profesional para enfrentar esta materia de manera exitosa, de parte de muchos nuevos superiores.

En síntesis, la evidencia empírica indica que, en la mayoría de los casos históricos, las soluciones a la corrupción son siempre parciales y deben estar permanentemente sujetas a revisión e invariablemente son una combinación de estas cuatro estrategias. Cada sociedad tiene un perfil específico y requiere de una matriz particular. Al no haber una fórmula ideal, la solución chilena requiere que ésta sea una combinación de ellas, sometidas al continuo esfuerzo de prueba y ajuste.

Vía: El Líbero

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