Desde el 18 de octubre de 2019, las principales plazas de las ciudades del país y los puntos de concentración tradicionales, se han convertido en un carnaval de violencia permanente. No solo fue un estallido antisocial que destruyó decenas de estaciones de metros, vandalizó cientos de comercio y tuvo al país al borde de una crisis social irrecuperable, sino que, principalmente, inauguró un estilo de protesta violenta que no ha terminado desde entonces.

El Gobierno, en conjunto con las Fuerzas Policiales, ha intentado todo tipo de estrategias para enfrentar los desafíos de la reimposición del orden público. Pero ninguna de las tácticas empleadas ha tenido efecto: todos los viernes, luego de haber recuperado cierta normalidad de las restricciones de la pandemia, ha terminado con incidentes graves y una amenaza importante a la Plaza Italia, sectores de la Alameda y otros lugares emblemáticos de nuestro país.

Promesas más, promesas menos, el Gobierno ha sido incapaz de controlar la violencia y la ciudad de Santiago y otras ciudades de Chile, reaccionan inertes, frente a esta vulneración regular. ¿De qué sirven las querellas contra quienes resulten responsables?

¿De qué sirven las grandilocuentes condenas a la violencia por parte de autoridades y dirigentes políticos?

El mensaje, para cada agitador de la violencia, es categórico: vengan todos los viernes que nada les va a pasar. Ni las amenazas ni el lenguaje fuerte de condena han servido para atenuar la violencia. Se ensayan decenas de tácticas y estrategias para anticipar los problemas, pero siempre se llega al resultado similar. Es una fiesta, de odio e intolerancia, que va consumiendo el alma de Chile.

El punto final de la incapacidad del Gobierno quedó de manifiesto ayer, al informar que la estatua del General Baquedano será removida de su lugar, lo que implica una verdadera capitulación frente a la violencia y una renuncia total a las convicciones más básicas de un estado democrático.

Si un gobierno no es capaz de controlar el orden público a diez cuadras de La Moneda, difícilmente puede conducir un país. Que una vez te tome por sorpresa es tolerable, que sea todos los viernes es inaceptable.

Exigimos, con especial insistencia, que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, honre su compromiso presidencial y recuerde sus propias palabras como candidato a la hora de defender el estado de derecho.

El Gobierno debe combatir la violencia urbana con fuerza y sin ambigüedad; debe elegir estar del lado del estado de derecho y no del vandalismo; el Estado debe proteger la seguridad de sus ciudadanos; el Estado debe defender la democracia, con todo el rigor de la ley.

Desde el Partido Republicano, reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el desarrollo, con la ley y el orden, y hacemos un llamado al Gobierno, al Congreso y al resto de las instituciones a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para reponer el Estado de Derecho que ha sido vulnerado en Santiago, Valparaíso, Antofagasta y decenas de ciudades en el resto del país, con todas las herramientas que dispone la ley.

Hacemos un llamado concreto al Gobierno para que disponga de la coordinación efectiva de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con los medios militares de las Fuerzas Armadas si es que son necesarios, y todo el apoyo material posible, para hacer efectiva la vigencia de la ley en todo el país y ponerle fin a los grupos violentistas que están asolando las calles de Chile en total impunidad.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a condenar con fuerza y sin ambigüedades ni excusas a estos grupos violentistas y a comprometer su apoyo político y legislativo para sacar adelante la agenda de seguridad que permita elevar las penas y entregar más atribuciones a Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas para cumplir su rol en la recuperación del Estado de Derecho en el país.

No es aceptable, bajo ningún punto de vista, que se siga vulnerando el estado de derecho y se ejercite la violencia en total impunidad. Llegó la hora de frenar el vandalismo, llegó la hora de recuperar la paz social.

En esa línea, proponemos como medidas y acciones urgentes:

1. Revisar completamente los protocolos e instructivos de acción de Carabineros para actuar en materia del orden público, teniendo como referencia el modelo Miami de Estados Unidos para poder hacer más efectiva la intervención Para ello, se requiere el compromiso de apoyo total de la autoridad civil a las actuaciones de Carabineros de Chile, la autorización para el uso de escopetas antidisturbios y todo tipo de instrumentos de disuasión efectiva.
2. Zonas de Exclusión de Protestas aplicables a los ejes tradicionales de conflicto que se han presentado en los últimos dos años a lo largo del país. Para ello, se deberá hacer un estudio y evaluación permanente de los perímetros que deberán cerrarse y los horarios y fechas en que éstos cierres se llevarán a cabo, de manera de no afectar a las personas que viven, trabajan o ejercen el comercio en estos
3. Cierre Estratégico de sectores cercanos a lugares de protesta que permita controlar e impedir el acceso de personas que vayan solo a provocar desórdenes. Los lugares de control y acceso serán evaluados permanentemente, así como también los horarios y días en que se impondrá esta
4. Equipo Especial de la Fiscalía en lugares estratégicos, como en el lugar del Monumento del General Baquedano en Santiago o en la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso, preparado para reunir evidencia y coordinar acciones conjuntas con El anunciado equipo deberá emplazarse en el centro de las acciones vandálicas para monitorear in situ las acciones a realizar.
5. Reforma Legal que obligue al Instituto de DDHH para documentar y perseguir la responsabilidad de los agresores de Carabineros y un Equipo especial del Instituto de DDHH en cada uno de los lugares de mayor vandalismo, de manera de situarlos directamente del lado de las fuerzas policiales y potenciar la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, civiles o policiales. Durante los últimos años, el INDDHH ha cumplido el inadecuado rol de tomar partido por los violentistas y no por los ciudadanos honestos y las fuerzas policiales que lo
6. Fondo para Víctimas de la Violencia Urbana entendida como los daños, perjuicios y lesiones atribuibles a la acción de manifestantes y vándalos que ocurre en la inmediación de las protestas Especialmente enfocado en los emprendimientos y comercios que han visto afectada, severamente, su capacidad de trabajar.
7. Reforma Legal para obligar a imputados a responder por daños producidos en desórdenes públicos, incluyendo reparar y repintar destrozos en la ciudad. El producto de las multas será destinado al fondo de víctimas y el trabajo comunitario se concentrará en las zonas más afectadas por las
8. Aumento de sanciones para grafitis que permita disuadir la realización de estos actos que ensucian la ciudad. Hoy las ciudades de Chile están sucias y las calles llenas de rayados e insultos.
9. Aumento de Sanción Civil para padres de menores involucrados en desórdenes públicos que permita ampliar la responsabilidad de los participantes en desordenes públicos a su familia
10. Registro y Empadronamiento de Manifestantes y Protestantes violentos, para que los agresores recurrentes sean identificados públicamente y se facilite su condena en caso de reiteración de hechos graves y su exclusión de zonas donde podrían generarse
11. Prohibir el emplazamiento de vendedores ambulantes ilegales en los ejes principales de los centros cívicos del país, como por ejemplo Alameda/Providencia, con el objeto de reducir los espacios de ilegalidad, la venta de drogas y de elementos utilizados en las protestas
12. Aumentar significativamente la dotación de personal de seguridad municipal, redestinando recursos a los municipios más afectados por las olas de violencia en el último tiempo y habilitación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos para ayudar a conseguir evidencia en contra de los manifestantes.