Las imágenes de la familia huyendo en una lancha, minutos después de que un grupo de encapuchados les quemó la casa en el Lago Lanalhue, son la evidencia cruda de un conflicto que solo sigue creciendo. Los terroristas no buscan liberar a un preso, sino que quieren el control y la autonomía territorial. Mediante estas acciones de amedrentamiento, quieren ahuyentar a las personas que viven ahí y demostrarle a la policía y al Gobierno quién es el verdadero dueño del territorio.

El terrorismo ya se hizo costumbre el la Araucanía y Arauco, y a muy pocos parece preocuparles. El Presidente de la República en muy pocas circunstancias ha expresado una opinión o un juicio sobre este grave conflicto. El nuevo ministro del Interior, luego de su primera visita, mira con distancia los hechos que día a día suceden. No es exagerado decir que la macro zona sur está abandonada si los chilenos de Santiago permanecen indiferentes a la serie de atentados que se registran.

¿Se imaginan que en Las Condes hubiese ataques incendiarios a una iglesia, a tres escuelas y a una serie de casas? ¿Podrían creer si les dijera que un grupo de familias tuvo que huir de un ataque de encapuchados en la Laguna de Piedra Roja en Chicureo? ¿Cómo reaccionarían las autoridades si la avenida Kennedy estuviera con barricadas permanentes o si a ciertos barrios del sector oriente fuera imposible acceder por temor a recibir disparos de armamento pesado?

Para el Gobierno, un lanzazo en Las Condes vale más que 300 camiones quemados en la Araucanía y esa triste realidad nos viene acompañando hace varios gobiernos. Por eso es importante que los chilenos no seamos indiferentes ante la cobardía de aquellas autoridades que se limitan a declaraciones de condena y a querellas sin destino. Lo que hoy se necesita son acciones decididas del Estado para que tengamos tolerancia cero con el terrorismo, la delincuencia y el narcotráfico.

Como medidas concretas, creemos que es indispensable contar con apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica en la Araucanía, para permitir a Carabineros concentrarse en la fiscalización y persecución de los delitos. Queremos que el Ministerio Público, en vez de perseguir a las víctimas de la delincuencia y el terrorismo, designe cuantos fiscales sean necesarios para enjuiciar a los terroristas y a la justicia, para que aplique las penas más severas posibles, dejando la mano blanda que ha tenido con estos insurgentes.

Santiago no es Chile y la Araucanía es una región que merece respeto y protección. Hoy miles de chilenos viven bajo el control del terrorismo y es hora de terminar con un abuso de violencia y de poder por estas personas que no quieren a Chile y que quieren dividir a su pueblo.