El órgano fiscalizador validó el requerimiento presentado por el concejal Vicente Martínez, estableciendo que la Municipalidad de Santiago actuó improcedentemente al entregar gift cards para vestuario. Además, reafirmó que corresponde descontar remuneraciones por paralizaciones ilegales. Un importante precedente para las 344 comunas del país.
Fue el concejal de Santiago, Vicente Martínez, del Partido Republicano, quien impulsó una acción formal ante la Contraloría General de la República para cuestionar la entrega de gift cards destinadas a la compra de ropa para funcionarios municipales, así como la falta de medidas frente a paralizaciones de actividades en horario de trabajo.
El pronunciamiento del órgano contralor acogió en lo sustancial dicha presentación, confirmando que la medida adoptada por el municipio no se ajusta a la normativa administrativa ni a la jurisprudencia vigente sobre uso de recursos públicos.
En su resolución, Contraloría recordó que los municipios pueden entregar vestuario únicamente cuando este tenga carácter de uniforme institucional, es decir, cuando corresponda a prendas de diseño similar, uso obligatorio y orientadas al interés del servicio.
Sin embargo, determinó que, en este caso, las prendas fueron definidas de forma genérica, sin criterios suficientes para distinguirlas como uniformes. Además, no se acreditó un control efectivo sobre el uso de las gift cards ni sobre los productos adquiridos.
Por ello, el organismo instruyó al municipio modificar su reglamento interno, fortalecer sus mecanismos de control y reportar en un plazo de 30 días las medidas adoptadas para corregir estas irregularidades.
El mismo oficio también abordó la paralización de funcionarios ocurrida el 28 de mayo de 2025, estableciendo que la adhesión a este tipo de movilizaciones no constituye una causal válida de inasistencia. En esa línea, Contraloría reiteró que no corresponde el pago de remuneraciones cuando no existe prestación efectiva de servicios, por lo que deben descontarse las horas no trabajadas.
Al respecto, el concejal Vicente Martínez señaló:
“Este dictamen de Contraloría confirma algo de sentido común: los recursos municipales no están para financiar paros y sistemas de beneficios sin sentido como las gift card de vestuario. Son recursos de todos los vecinos y deben usarse con responsabilidad. En Santiago vamos a corregir estas prácticas, ordenar la casa y generar un ahorro cercano a los 600 millones de pesos al año. Esto significa que cada funcionario que paralizó sus funciones deberá devolver el dinero que se le pagó en ese día no trabajado”.
Previo a la acción ante Contraloría, Martínez ya había advertido públicamente la gravedad de estas prácticas durante una sesión del Concejo Municipal, en el marco de una paralización de funcionarios. En esa instancia, cuestionó la resistencia a implementar mecanismos modernos de control de asistencia y denunció que la mantención de sistemas manuales abría espacio a irregularidades.
El pronunciamiento de Contraloría no sólo valida la acción fiscalizadora del concejal republicano, sino que además sienta un precedente para otras municipalidades del país donde podrían existir prácticas similares.
Desde el Partido Republicano destacamos que este caso refleja la importancia de una fiscalización activa y rigurosa, orientada a resguardar los recursos públicos, evitar beneficios indebidos y defender el interés de los vecinos.
