El abogado Álvaro Ferrer del Valle se incorporó al equipo jurídico que representa a consejeros metropolitanos republicanos y de la UDI en el requerimiento presentado ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en una causa que sigue su tramitación por presunto abandono de deberes y faltas graves a la probidad.
El Partido Republicano y la Unión Demócrata Independiente reforzaron su ofensiva jurídica ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en la causa que busca la destitución del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego.
La acción fue presentada en julio del año pasado por consejeros regionales republicanos y de la UDI, sobre la base de antecedentes contenidos en un informe de la Contraloría General de la República, en el que se advirtieron eventuales irregularidades asociadas al uso de recursos públicos y a posibles faltas graves a la probidad.
Inicialmente, el requerimiento fue patrocinado por los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza. Sin embargo, tras la incorporación de Pavez a la Subsecretaría del Interior y de García al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la representación jurídica quedó concentrada en Toloza.
Frente a ese escenario, ambas colectividades resolvieron sumar un nuevo abogado al equipo: Álvaro Ferrer del Valle, especialista en derecho administrativo, quien asumirá un rol relevante en esta etapa del proceso.
Ferrer del Valle es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director ejecutivo de Comunidad y Justicia y exsecretario general de la Universidad Finis Terrae. Además, cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional vinculada al ámbito jurídico e institucional.
La incorporación del nuevo representante legal busca fortalecer la última vía institucional actualmente abierta para perseguir la destitución de Orrego, luego de que en febrero pasado la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía en otra arista judicial.
El requerimiento ante el Tricel apunta, entre otros antecedentes, a observaciones formuladas por Contraloría respecto de sesiones de “coaching” que habrían podido tener fines electorales, además de alertas sobre contrataciones directas, vínculos personales, eventuales traspasos del gobierno regional a fundaciones y presunto uso de recursos públicos en beneficio electoral.
Desde el Partido Republicano insistimos en que la probidad y el correcto uso de los recursos de todos los chilenos deben resguardarse con firmeza, y que las instituciones deben actuar hasta esclarecer plenamente las responsabilidades que correspondan.
