El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y explicó los cambios acordados con el senador Andrés Longton para perfeccionar el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, entre ellos incorporar la autorización del Congreso desde su inicio, revisarlo cada 30 días y excluir la interceptación de comunicaciones.
Fuente | La Segunda
En entrevista con La Segunda, el presidente Arturo Squella sostuvo que la legislación vigente es insuficiente para enfrentar al crimen organizado y afirmó que la reforma responde al mandato ciudadano de avanzar en cambios profundos en seguridad. “La gente votó por cambios radicales en seguridad, y no los vamos a decepcionar”, señaló. Asimismo, explicó que las modificaciones buscan despejar las dudas planteadas dentro del oficialismo y facilitar acuerdos con la oposición.
El presidente Arturo Squella también abordó las restricciones a prestaciones para condenados por crimen organizado o terrorismo y defendió que su alcance sea definido posteriormente mediante una ley de quórum calificado. Además, señaló que las principales referencias internacionales consideradas para el diseño de estas herramientas provienen de Italia, Estados Unidos y El Salvador, particularmente en materia de persecución de organizaciones criminales y regímenes destinados a impedir que sus integrantes mantengan el control delictual desde las cárceles.
—Para los críticos internos, ¿cuál es el fundamento que hace clave esta reforma?
—Si alguien discute que la soberanía popular representada en la ciudadanía está por cambiar la manera en que el Estado está protegiendo a la población, ha estado en otro país los últimos años. La amenaza que hay en Chile, tanto para la seguridad nacional como para el ejercicio de los derechos fundamentales, se llama crimen organizado y no existía en la época en que se redactó la Constitución. Y hoy la legislación es insuficiente para enfrentar a un enemigo tan poderoso como el crimen transnacional y cumplir con esa demanda.
—¿Reglas excepcionales porque hay un “enemigo” de magnitud tal que las merece?
—Los chilenos lo dijeron en las elecciones. Se les dijo explícitamente que si votaban por esta alternativa, no es que fuéramos a tomar lo que ya había y hacerlo algo mejor, sino que íbamos a elevar la forma en que se otorga la protección: restablecer el sentido de autoridad, volver a controlar cárceles y que en vista de la amenaza que tenemos al frente no escatimemos en el uso de la fuerza y del Estado para enfrentarlo. Quienes todavía no lo comprenden en su plenitud, lo irán entendiendo en la medida que se vayan presentando la ley de quorum que da la bajada a la reforma. La gente votó por cambios radicales en seguridad, y no los vamos a decepcionar. El que no se quiere subir, está en su derecho, pero eso debe ser conocido por los chilenos y nos encargaremos de eso.
—¿Pero se necesitaba para ello un Estado de Excepción de 240 días, más largo que el de Guerra, con interceptación de comunicaciones y sin rendición ante el Congreso? Lo cuestionaron desde Demócratas hasta Johannes Kaiser.
—Mira: los tiempos eran secundarios, y con Longton optamos por adelantar las indicaciones que habíamos conversado para despejar algunos fantasmas sin base alguna dado que sabemos cómo vendrá en la ley: anunciamos cuál será el control del Congreso, autorización inicial y revisado cada 30 días, porque la necesidad sustantiva de este Estado de Excepción dice relación, más que con las habilitaciones que da, con que hoy no había ninguno cuya causal sea el crimen, solo hablan de guerra, alteración al orden, pero nada que permita entrar con participación de las FF.AA. por ejemplo al Cerro Chuño u otros barrios controlados por bandas. Y por la hipótesis que gatilla este Estado, a diferencia del sur, no se ve que sean intervenciones que vayan a durar mucho tiempo, para resguardar la seguridad de inocentes en allanamientos con alto poder de fuego. Con Kaiser hablé, y él se pone en el caso de que algún gobernante futuro haga mal uso. Era un argumento atendible, que se puede abordar con herramientas en la ley y acotando cuáles son los derechos que se pueden restringir. Y ahí la interceptación finalmente no la consideramos necesaria.
—¿Por qué?
—Porque lo que habilita este Estado son operativos con las FF.AA. en contexto de investigaciones judiciales donde las medidas intrusivas ya fueron otorgadas, entonces generar alarma en la Constitución no tenía sentido.
—¿Y los cambios tienen la venia del Gobierno? Son amplios.
—Buscamos dar mayor tranquilidad no solo al oficialismo, sino que generar las conversaciones necesarias con la oposición. En el ministerio están muy conformes.
“Yo restringiría mucho más prestaciones”
—Sobre las restricciones a prestaciones sociales, la diputada UDI Constanza Hube, consideró muy “genérica” la norma y no acota qué se restringe, entregándolo a una ley que aún no existe. Longton añadió que se otorga un “cheque en blanco”, y pidió especificar qué se restringirá. ¿Cómo contesta?
—Con algo obvio: que una ley de quorum calificado requiere aprobarse con la mayoría de de los parlamentarios en ejercicio. Entonces, no es un cheque en blanco, y entrar en la misma Constitución en cuáles son las aplicaciones prácticas de la restricción del derecho no corresponde.
—¿Y cuáles prestaciones debieran quedar bloqueadas? ¿PGU, subsidios?
—Mire, yo no soy parámetro, porque restringiría mucho más de lo que seguramente estaría disponible la voluntad del Congreso, a la vista de la penetración que ha tenido el garantismo en estos edificios. Yo pondría el foco en todo aquello que impida (a los delincuentes) cualquier contacto que les permita mantener el control (delictual) desde la cárcel.
EE.UU., Italia y El Salvador
—¿De dónde se ha recogido estos mecanismos? ¿Desde qué países o influencia ideológica?
—Las principales referencias son Italia y su lucha contra la mafia, EE.UU. y El Salvador. Con sus realidades, ahí encontramos ejemplos para perseguir bandas con un régimen estricto para evitar que sigan manejando el delito desde la cárcel.
—El senador PPD Pedro Araya interpretó una mezcla del Acta Patriótica del 2001 después del 11-S, la ley italiana, y las cárceles de Bukele.
—Hay mucho de eso. Pero la reforma no tiene que ver con las constituciones de esos países, sino que con las políticas exitosas que implementan. Algunas las queremos tomar y acá en Chile requerían una habilitación constitucional. El Salvador se convirtió en el país más seguro de Latinoamérica porque fueron estrictos en medidas especiales. Y de EE.UU. se recoge el incluir en una nómina oficial a una banda criminal o terrorista: lo tienen muy desarrollado, activa persecución en el patrimonio de las personas, que acá vamos a discutirlo.
—El borrador de la reforma fundaba la corrección a la Constitución en evitar fallos adversos del TC, como pasó en Escuelas Protegidas. ¿Es un argumento adecuado?
—(El TC) evidentemente se tiene que basar en la Constitución, pero a su vez el contenido de la Constitución tiene que ser la expresión de la voluntad de las personas. Es lo que estamos haciendo. Lo deseable de una Constitución es que vaya recogiendo los efectos de la evolución de la sociedad.
