El secretario general del Partido Republicano sostuvo que el exministro de Hacienda debe entregar una respuesta institucional ante los antecedentes que apuntan a una eventual infracción de sus deberes legales en la administración de las finanzas públicas.
Fuente | El Mercurio
El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, abordó la acusación constitucional que parlamentarios republicanos impulsan contra el exministro Nicolás Grau, en el marco de los cuestionamientos por el manejo de las finanzas públicas, el cumplimiento de la trayectoria fiscal y la entrega de información sobre el estado real de las cuentas fiscales.
En declaraciones publicadas por El Mercurio, Bruna sostuvo que los antecedentes conocidos dan cuenta de una situación que exige ser aclarada institucionalmente, considerando el rol que ejercía Grau como máxima autoridad del Ministerio de Hacienda.
“Aquí hay una responsabilidad clara e ineludible. El exministro no fue un mero espectador de las finanzas públicas: fue la máxima autoridad responsable de su administración. Si sabía que se estaba incumpliendo la trayectoria fiscal y lo permitió, es gravísimo. Y si no lo sabía, es igualmente grave”, afirmó el secretario general republicano.
La acusación constitucional apunta a eventuales incumplimientos en la administración de las finanzas públicas, entre ellos la subestimación del déficit fiscal, la omisión de gastos comprometidos sin financiamiento, inconsistencias en estimaciones de deuda pública y el incumplimiento de la regla fiscal.
En ese contexto, desde el Partido Republicano han señalado que el objetivo de la acción no es solo establecer responsabilidades políticas, sino también exigir claridad frente a decisiones que pudieron comprometer la transparencia, la probidad y la correcta conducción fiscal del país.
“En cualquiera de los dos escenarios, estamos frente a una eventual infracción de deberes legales que le exige al exministro una respuesta institucional, eso es lo que buscamos como Republicanos”, agregó.
La acusación constitucional, busca que el Congreso ejerza sus facultades fiscalizadoras frente a hechos que consideran de especial gravedad para la administración del Estado y para la confianza pública en el manejo de los recursos de todos los chilenos.
