Algo similar nos está pasando en Chile con la serie de atentados y ataques que día a día observamos en la Araucanía. Un matrimonio quemado vivo en su hogar de Vilcún; decenas de iglesias y escuelas incendiadas a lo largo de los años en distintas localidades de Arauco y la Araucanía; un camionero quemado en Victoria mientras descansaba en su camión estacionado;  un bus con temporeras secuestrado, vaciado e incendiado sobre la línea férrea en Ercilla; y este sábado reciente, un camión quemado en Collipulli, que previamente había sido baleado por un grupo de encapuchados con ropas de camuflaje, hiriendo a una pequeña niña de nueve años, algunos de los casos más impactantes de miles de incidentes en la región.

¿Será que el terrorismo se ha hecho costumbre en la Araucanía? ¿Será que los chilenos y nuestras autoridades han empezado a normalizar este tipo de hechos y más allá de declaraciones grandilocuentes, han aceptado que el terror empieza a formar parte de sus vidas?

Así aparenta, cuando vemos la reacción del Estado y de las autoridades de Gobierno frente a cada uno de estos hechos. En un país normal, desde el Presidente de la República hasta el funcionario publico de menor grado, frente a un hecho de la gravedad de los reseñados, reaccionarían con indignación y se comprometerían a una búsqueda sin precedentes hasta encontrar a los autores de estos actos, juzgarlos y sentenciarlos duramente. Los medios de comunicación despacharían a sus rostros más importantes para transmitir en vivo las impresiones de la comunidad y arrendarían sendos helicópteros para tener la exclusiva de la captura de los terroristas. La Fiscalía y el Poder Judicial, comprometerían toda la colaboración para realizar un procedimiento ejemplar, efectivo y transparente, con el objeto de dar una señal contundente y disuasiva, sobre la nula tolerancia a estos comportamientos.

El 25 de octubre de 2017, a semanas de la elección presidencial, el Presidente Piñera afirmaba, con ocasión del fallo que absolvió a los acusados del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, que esto era un “fracaso del Estado y del poder judicial” y criticó al gobierno, afirmando que “no ha combatido el terrorismo, ni la delincuencia ni el narcotráfico con la voluntad, fuerza y decisión que se requiere”, calificándolo de ambiguo y débil, por conceder beneficios y ceder al chantaje de comuneros en huelga de hambre.

Tres años después, esas palabras resuenan con fuerza. El gobierno de Sebastián Piñera no ha combatido el terrorismo, ni la delincuencia ni el narcotráfico con fuerza; ha concedido beneficios exagerados y ha cedido al chantaje de asesinos en huelga de hambre. Bajo su gobierno, los atentados en la Araucanía han aumentado considerablemente y el estado de derecho, antes debilitado, hoy aparece como inexistente en varios sectores del país. Aún más, su Ministro de Justicia, en este mismo espacio, tiene la osadía de justificar su capitulación frente al asesino de Celestino Córdova y hablar de valentía, por renunciar a principios tan básicos como la igualdad ante la ley y la integridad del estado de derecho, amenazado por una extorsión política como la huelga de hambre. Siguiendo a Houellebecq, el terrorismo en Chile se ha hecho costumbre y son los líderes políticos chilenos los que han terminado normalizando estos actos de violencia inaceptables.

No hay ningún chileno que crea que el conflicto en la Araucanía es un asunto de fácil resolución. Todos sabemos que es una problemática compleja, que debe ser abordada desde sus múltiples dimensiones políticas, sociales y económicas. Pero cualquier chileno, bien nacido, sabe que no podemos tolerar el terrorismo ni aceptar que se normalicen estos graves atentados. Para resolver este conflicto, todos los chilenos, mapuches y no mapuches, debemos denunciar el terrorismo y apoyar con decisión el uso de una fuerza proporcional a la violencia que los terroristas emplean. Llegó la hora de ser inflexibles con aquellos que quieren destruir la paz como razón de nuestra existencia.