Los legisladores también anunciaron que impulsarán una Comisión Especial Investigadora para “revisar todos los actos y el financiamiento en universidades donde se cometen actos de violencia” y criticaron el comunicado de las juventudes del PC tras la agresión a la ministra Lincolao en Valdivia.
La Bancada de Diputados del Partido Republicano solicitó este viernes al Ejecutivo, acelerar la tramitación del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, y también que se amplíe las sanciones para que cualquier agresión en un recinto educacional tenga consecuencias reales.
Lo anterior, ante la seguidilla de hechos delictuales que están ocurriendo en diferentes partes del país, y en particular, por el grave ataque de una turba de supuestos estudiantes, en contra de la ministra de Ciencias Ximena Lincolao, tras asistir a la inauguración del Año Académico de la Universidad Austral de Chile, el miércoles pasado, en Valdivia.
En este sentido, el jefe de la Bancada Republicana Benjamín Moreno, expresó que “la violencia en establecimientos educacionales no es algo nuevo, es algo que se viene repitiendo desde hace años».
«Por eso hoy día vamos a pedir algunos puntos al gobierno. El primero de ellos es poner discusión inmediata al proyecto de ley de ‘Escuelas Protegidas’. Creemos que más allá de las legítimas discusiones y tiempos que se le tengan que dar a esta materia, es una urgencia, y no pueden existir grupos políticos, específicamente el Partido Comunista, que excusándose en un legítimo derecho de la discusión, traten de dilatar esto exclusivamente con motivos políticos. Punto aparte es la vergonzosa declaración de juventudes de ese partido, donde justifican la violencia contra personas por pensar distinto», criticó el legislador por la Región del Maule.
Moreno, también anunció que la Bancada impulsará una Comisión Especial Investigadora, a fin de “revisar todos los actos y el financiamiento en universidades donde se cometen actos de violencia y el cumplimiento de los mismos centros de educación superior de estas normas que son obligatorias y no optativas».
«Y por último, le queremos pedir al gobierno encarecidamente que impulse a través de proyectos existentes o proyectos nuevos la pérdida de beneficios sociales, incluida la gratuidad, para todos aquellos quienes delinquen, quienes cometen actos de vandalismo al interior de establecimientos educacionales, porque creemos firmemente que si bien los beneficios sociales pueden ser un derecho, estos traen aparejados un catálogo de deberes que como país tenemos que ser capaces de exigir», enfatizó.
Por su parte, la diputada de la Comisión de Educación, Valentina Becerra, expresó su dolor ante lo ocurrido tanto a la ministra, como otros hechos en recintos educacionales y calificó como “importante”, el llamado realizado al Gobierno y exigió que se termine la impunidad en estos casos.
“Creemos que Chile debe dar un paso más adelante. Debemos acelerarnos en la discusión. Porque la violencia dentro de un espacio educativo debe tener consecuencias reales en todos los niveles. Basta de impunidad. No solo en los colegios, sino que también en los establecimientos secundarios, en los establecimientos de centros de formación técnica y también en las universidades. Porque la regla debe ser clara para todos. Donde hay educación debe haber respeto, debe haber orden y por sobre todo responsabilidad”, manifestó.
Mientras que su par, Paz Charpentier -quien también integra la comisión de Educación-, enfatizó que “no nos parece que sea una casualidad la explosión de violencia en escuelas y universidades de los últimos días. En ese contexto resulta vital ponerle urgencia a lo que realmente le importa a las familias chilenas, a los padres y es que en las escuelas se garantice la seguridad y por supuesto se garantice el derecho a la educación de nuestros niños. Eso hoy día es prioritario”.
También apuntó a los estudiantes que gozan de gratuidad y participan en hechos violentos, señalando que “no es de justicia que delincuentes estén siendo financiados, premiados a través de la gratuidad universitaria, si lo que hacen con ese premio y con esa gratuidad financiada con la plata de las familias más vulnerables de nuestro país, es no solamente destruir la educación universitaria sino que también la destrucción de propiedad pública y por supuesto también la integridad física y psíquica incluso de las personas”.
Clima de violencia de larga data y llamado a apoyar “sin medias tintas”
El diputado por la Región de Los Ríos, ex alumno y ex dirigente estudiantil de la Universidad Austral de Chile, Leandro Kunstmann, reveló que su ex casa de estudios, como otras universidades del sur del país, se “vive un clima de violencia desde hace más de 20 años”.
“Lo vivimos como dirigentes y acá los rectores tienen que dar garantías de pluralismo en todos los centros estudiantiles, especialmente en universidades donde van estudiantes de diversos lugares del país. (…) Tiene que garantizarse esa pluralidad y tiene que garantizarse la seguridad y el correcto uso de los espacios públicos dentro de la misma universidad”, sostuvo.
A ellos se sumó el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Cristián Araya, quien sostuvo que “aquí hay que tener muy claro que cuando estamos discutiendo temas tan importantes, como es el restituir el orden en los centros educacionales, en las universidades, no puede haber medias tintas”, enfatizó el parlamentario.
Mientras que el legislador, y también integrante de la Comisión de Seguridad, Enrique Bassaletti, calificó como “intolerable que un pequeño grupo de personas tengan que afectar el derecho a la gran mayoría de las comunidades escolares, en todas sus dimensiones sin que haya una reacción de la sociedad. Por lo tanto, en todas aquellas materias que tengan que ver con modificar o proponer una nueva legislación estamos disponibles”.
