Recuperemos Araucanía:

Plan para detener el Terrorismo

 En las últimas semanas, se ha venido gestando una asonada de violencia criminal y terrorismo en las regiones del Bío-Bío, la Araucanía y Los Ríos. Decenas de ataques a personas y bienes, la interrupción de caminos y amenazas permanentes a la tranquilidad e integridad de ciudadanos y sus familias. ¿Quiénes están detrás de esto? Grupos organizados, con indumentaria militar, armados con material de guerra, preparados para infundir terror en la población permitiendo el avance de la violencia y de la ilegalidad en nuestro país. 

Es cierto que la crisis de violencia de la Macro Zona Sur no es algo de las últimas semanas, sino que se extiende a las últimas décadas; en particular, en los últimos meses, con un saldo de cruentos asesinatos, destrucción masiva de viviendas, maquinarias y extorsiones como manera de violentar la normalidad se ha hecho costumbre. Lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas es particularmente grave y requiere de acciónes concretas. 

Cuando el terrorismo, entendido como la violencia en contra de personas inocentes con la finalidad de infundir terror en la sociedad, avanza impunemente y el Gobierno, impotente e incapaz de detenerlo, no reacciona ante provocaciones tan obvias, no solo el estado de derecho aparece vulnerado, sino que especialmente, en ese desafío, está el germen de una guerra civil a través del enfrentamiento armado de grupos que ante la imposibilidad del Estado de defenderlos, optan por asumir su propia defensa y seguridad. Los ciudadanos de la Araucanía y el sur de Chile ya no resisten más, ya no aceptan vivir con el miedo, ser chantajeados por delincuentes, ni dormir una noche más, bajo la amenaza de un ataque inminente y real. No se les puede exigir una inmolación.

Lo vivimos en Santiago: la impunidad con la que actuaron los vándalos que atacaban a Carabineros y a las personas durante meses desde el Instituto Nacional

terminó en un estallido antisocial por la inacción del Gobierno y su incapacidad de poner orden al caos reinante. No queremos otro estallido en la Macro Zona Sur. No podemos aceptar que el Gobierno siga de comentarista de los hechos, tomando medidas ambiguas, mostrando debilidad y eludiendo dar soluciones aquí y ahora: el Presidente de la República no puede ser víctima del miedo.

El diagnóstico que repetimos una y otra vez el 2016 y el 2017 sigue plenamente vigente, pero con el agregado que han pasado cuatro años y no se ha hecho absolutamente nada. La crisis en la Araucanía es hoy más grave y más peligrosa que la que existía hace 3 años atrás. Las promesas de este Gobierno no se cumplieron y quedaron en el olvido. Si no actuamos pronto, si no actuamos con firmeza, si no actuamos para recuperar el Estado de Derecho, el conflicto puede desbandarse completamente. 

No permitamos que los políticos sigan negando esta triste realidad e intenten confundir a la opinión pública con argumentos sociales o históricos. El camino para potenciar la paz, que posibilite el desarrollo económico de la Macro Zona Sur, avanzar en la convivencia armónica de todos los chilenos y para terminar con la pobreza estructural comienza con el fin de la violencia criminal y el terrorismo. Se deben usar todas las herramientas y atribuciones que la ley otorga al Estado. No hacerlo es renunciar a uno de los deberes más relevantes y trascendentes de cualquier gobierno. No debemos olvidar que “el contrato social”, se sostiene en que el Estado como forma de organización política, debe otorgar seguridad, desarrollo y bienestar, en la totalidad de su territorio, sin distinción alguna al conjunto de sus habitantes.

Exigimos, con especial insistencia, que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, honre su compromiso presidencial y recuerde sus propias palabras como candidato a la hora de opinar sobre el conflicto de la Araucanía. El Gobierno debe combatir el terrorismo con fuerza y sin ambigüedad; debe elegir estar del lado de las víctimas y no del terrorismo; el Estado debe proteger la seguridad de sus ciudadanos; el Estado debe defender la democracia, con 

todo el rigor de la ley. Hacemos un llamado al Presidente Piñera a perder el miedo y a cumplir su deber constitucional principal, que es conservar el orden público.

Desde el Partido Republicano, reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el desarrollo, con la ley y el orden, Hacemos un llamado al Gobierno, al Congreso y al resto de las instituciones a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para reponer el Estado de Derecho que ha sido vulnerado en la Macro Zona Sur con todo el rigor y las herramientas que dispone la ley. 

Hacemos un llamado concreto al Gobierno para que disponga de la coordinación efectiva de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con los medios militares de las Fuerzas Armadas que sean necesarios, con todo el apoyo material posible, que haga efectiva la vigencia de la ley en el sur de Chile, es importante ponerle fin a los grupos violentistas y terroristas que están asesinando y violentando a las personas. 

Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a condenar con fuerza, sin ambigüedades ni excusas a los grupos terroristas y a comprometer su apoyo político y legislativo para para sacar adelante la agenda de seguridad que permita elevar las penas y entregar más atribuciones a Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas para cumplir su rol en la recuperación del Estado de Derecho en la zona. 

A amenazas excepcionales, medidas extraordinarias. La voluntad política, el peso de la ley y la justicia, así como la fuerza aplicada quirúrgicamente, constituyen una triada, a considerar en cualquier estrategia a elaborar para enfrentar la grave situación que afecta nuestra seguridad nacional.

En esa línea, proponemos como medidas y acciones urgentes: 

1. Crear una Fuerza de Tareas Conjunta para enfrentar el Terrorismo: que incluya efectivos y capacidades materiales de las tres ramas de la Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, bajo un mando único militar que coordine todas las acciones a ejercer en la zona durante un período de 6 meses, para poner fin a la violencia criminal, al terrorismo en la zona y a la operación de grupos paramilitares.

Además, este grupo debe elaborar un estudio para el cambio de algunas leyes actualmente obsoletas; La experiencia muestra que se deben endurecer las penas y que existen lagunas legales que impiden juzgar y sancionar delitos que se han cometido. 

2. Establecer un Sistema de Restricción de Movilidad: en las zonas de mayor conflicto sólo se permita el desplazamiento de vehículos y personas autorizadas y se ponga fin a los movimientos de grupos terroristas que atacan a cualquier hora del día. 

3. Establecer Aduanas y Cordones Anti- Terroristas: En las zonas más conflictivas para controlar el desplazamiento de grupos terroristas y de igual manera frenar el narcotráfico y robo de maderas y animales que afectan a los agricultores y emprendedores de la zona.

4. Terminar con la Compra de Tierras: que se ha convertido en un mecanismo de extorsión a legítimos propietarios y en un mecanismo de apropiación indebida de los territorios. 

5. Exigir a la fiscalía un Equipo del Ministerio Público con dedicación exclusiva para enfrentar las investigaciones en la zona y que ponga fin a la impunidad en los crímenes cometidos en la zona. El Fiscal debe ser exclusivo en la Araucanía (sin relación con los fiscales de la zona del conflicto) con el objeto de investigar los delitos especiales y específicos de zona lo que permitirá darle neutralidad a la investigación y rapidez.

En esa línea, proponemos como medidas y acciones urgentes: 

6. Aumentar el Presupuesto operativo para las Fuerzas Armadas en la zona, dotándolos de armamento, vehículos y protección especial para enfrentar la amenaza del terrorismo y proteger sus vidas. 

7. Establecer un Fondo de Reparación para las Víctimas del Terrorismo que sea destinado a reparar el dolor, sufrimiento y perjuicios causados a quienes han perdido un familiar, sus propiedades, inmuebles o visto vulnerado sus derechos humanos producto de la violencia terrorista. 

8. Quitar personalidad jurídica a Comunidades que promuevan, amparen o encubran directa o indirectamente a terroristas, que bajo la excusa de una reivindicación histórica, validan la violencia y desconocen la autoridad del Gobierno. 

9. Enjuiciar y Condenar a los activistas que promueven la secesión en la Araucanía, desconociendo el rol y las atribuciones del Estado de Chile para imponer el orden y la ley por traición a la patria.

10. Discusión Inmediata para los proyectos de la Agenda de Seguridad: que incluya el aumento de penas para los delitos y mayores atribuciones de inteligencia y control para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas en lo que corresponda. 

11. Expulsión inmediata e inapelable de todo extranjero que estén colaborando directa o indirectamente con grupos terroristas y sea detenido en las zonas de conflicto.

12. Identificar, investigar y sancionar a las Organizaciones No Gubernamentales y entidades de la sociedad civil que están prestando ayuda y orientación a los terroristas para burlar la acción de la justicia y cometer ataques a la población civil. Considerar sanciones específicas y la cancelación de la personalidad jurídica a las instituciones y personas naturales que apoyan a estos terroristas. 

13. Coordinación de todos los servicios del Estado que deban fiscalizar temas de recursos: SII, Tesorería, UAF, entre otros, con el objetivo de hacer un seguimiento exhaustivo al origen de los fondos o recursos usados por activistas, financistas, colaboradores, etc. Para lo anterior se debe crear una unidad de “Inteligencia Económica” que reporte directamente a las Fuerzas encargadas de combatir la violencia criminal y terrorismo en la zona definida.

14. Seguimiento y persecución de todos los colaboradores, reducidores, cómplices de atentados. Debemos lidiar contra organizaciones criminales y eso requiere un seguimiento desde el origen de los fondos con el objetivo de terminar el financiamiento. 

15. Crear una unidad o grupo especial que trabaje con la gran mayoría de las comunidades indígenas que estan por la paz, desarrollo y bienestar, aislando a los grupos violentistas minoritarios y radicales.

16. Coordinar a las autoridades de gobierno, poder Legislativo, poder Judicial y Ministerio Público, para responder al desafío de terminar con la violencia criminal y terrorismo que hoy afecta a un gran número de compatriotas, cuyos DDHH y seguridad ha sido secuestradas y violentadas.

17. Finalmente, es urgente recomponer la inteligencia nacional, fortalecer la acción penal y judicial, separando a los violentistas, criminales y terroristas, de la mayoría de los grupos indígenas que están por la paz. 

A quién infringe la ley todo el peso de la justicia en forma efectiva.