La iniciativa busca permitir, bajo requisitos establecidos por ley y previa autorización judicial, que personas condenadas que enfrenten enfermedades terminales, dependencia severa o determinadas condiciones de edad puedan cumplir excepcionalmente sus penas mediante reclusión domiciliaria total.
El diputado independiente de la bancada del Partido Republicano, Enrique Bassaletti, impulsa un proyecto de ley destinado a establecer una alternativa humanitaria para personas privadas de libertad que se encuentren en condiciones graves de salud, dependencia severa o edad avanzada. La moción fue presentada en junio y cuenta con respaldo de parlamentarios de distintos sectores políticos.
La propuesta contempla que, en casos excepcionales, un tribunal pueda sustituir el cumplimiento de la pena en un recinto penitenciario por reclusión domiciliaria total. La medida estaría dirigida a personas con enfermedades terminales, dependencia severa o mayores de 75 años y deberá resolverse considerando antecedentes médicos, informes penitenciarios y la participación de los intervinientes correspondientes. Para las personas mayores de 75 años se establecen, además, requisitos mínimos de cumplimiento de condena.
El diputado Bassaletti explicó que el proyecto se encuentra inspirado en un criterio “humanitario y de piedad, misericordia”, particularmente respecto de quienes atraviesan enfermedades graves e irreversibles y se encuentran próximos al final de su vida. El parlamentario planteó que una persona con una enfermedad terminal pueda pasar ese período junto a su familia, manteniendo el cumplimiento de su condena bajo arresto domiciliario total.
La iniciativa no elimina las condenas dictadas por los tribunales ni establece libertad plena para los beneficiarios. Tampoco corresponde a un indulto o una amnistía. Se trata de una modificación excepcional de la forma y lugar de cumplimiento de la pena, cuya aplicación deberá ser autorizada judicialmente y podrá ser revocada ante el incumplimiento de las condiciones establecidas.
Bassaletti enfatizó que la propuesta “no tiene nada que ver con poner en tela de juicio el trabajo de los tribunales de justicia, ni de los veredictos”, sino con incorporar un criterio humanitario para situaciones especialmente graves. El proyecto permanece actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a la espera de continuar su tramitación.
