El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, acompañado de 34 concejales republicanos de distintas regiones del país, ingresó un oficio a la Contralora General de la República solicitando revisar la legalidad del millonario cobro que el Servicio de Impuestos Internos (SII) impone a los municipios por incluir el derecho de aseo en los boletines de contribuciones, monto que en 2025 asciende a $702 millones.
La práctica se arrastra desde hace más de 25 años y tiene su origen en la Resolución Exenta Nº 3.673, dictada el año 2000, que fijó un pago de 8 Unidades de Fomento más 0,06 UF por predio, más IVA, a fin de cubrir supuestos “costos operativos” del SII. Según cifras oficiales, la tarifa afecta hoy a 86 municipalidades.
“Estamos frente a un cobro abusivo y obsoleto. Con la tecnología disponible y los sistemas digitales que existen, resulta injustificable que se siga obligando a los municipios a pagar por un servicio que puede realizarse de forma mucho más eficiente y económica”, afirmó el diputado Irarrázaval.
El parlamentario y los ediles recalcaron que el cobro no solo representa un gasto innecesario, sino que además constituye un uso ineficiente de recursos públicos, afectando directamente a los presupuestos municipales que podrían destinarse a los vecinos.
El oficio solicita a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la juridicidad de la medida y, de ser improcedente, instruir su derogación o adecuación. “No es aceptable que en pleno 2025 sigamos pagando con dinero de todos los chilenos por un procedimiento que quedó anclado en el año 2000”, añadió la concejal Eva Merino de San Miguel, quien fue la que impulsó dicho requerimiento junto al diputado Irarrázaval.
Con esta acción, el diputado y los representantes comunales buscan no solo evidenciar una falta de modernización de dicha institución al no utilizar las herramientas digitales disponibles, sino que, principalmente poner fin a un cobro que consideran injusto, eficientar la gestión pública y liberar recursos que las municipalidades podrían destinar directamente en beneficio de sus comunidades.
