Son tantas y tan variadas las formas en que se expresan las irregularidades, que es clave ahondar en ellas, y sobre todo crear códigos éticos y una institucionalidad robusta que permita hacerles frente sin que con ello se paralice o ralentice el servicio.
Durante las últimas semanas los municipios han estado en la palestra. Las graves denuncias en la Municipalidad de Vitacura, sumadas a las realizadas por el alcalde Cristóbal Lira en Lo Barnechea y otra de carácter anónimo recibida en Las Condes, cuyos antecedentes fueron puestos a disposición de la fiscalía por la alcaldesa Peñaloza, se han tomado la agenda política y comunicacional, situación que supone un doble desafío: combatir y erradicar las irregularidades y mantener la continuidad de los servicios municipales.
Las municipalidades son la primera línea de intervención de la institucionalidad pública con la comunidad. Es así como frente a inundaciones, terremotos, incendios o aluviones, se acude a las corporaciones municipales como primera instancia de respuesta y las ayudas se canalizan por medio de estas. El rol social de los municipios no las deja exentas de los problemas del aparato público; al contrario, su autonomía, escasa fiscalización y la disponibilidad de recursos los hace susceptibles a la corrupción y las malas prácticas.
Los delitos de corrupción, también conocidos como “delitos funcionarios”, se refieren a conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, los que pueden ocurrir tanto en la administración central del Estado, como en sus organismos descentralizados, entidades autónomas o municipalidades, y pueden tratarse de hechos tan disimiles como un fraude al Fisco, negociación incompatible o cohecho.
Por otra parte, lo que denominamos “malas prácticas” da cuenta de conductas o decisiones en un espectro aún más amplio, pues no se remite a hechos constitutivos de delitos, sino aquellos que atentan contra lo ético. Contratación de “apitutados”, pago de favores políticos, privilegios laborales a personas cercanas o de confianza, ventajas en la obtención de beneficios, asignación excesiva de horas extras, salarios millonarios, etc. Son tantas y tan variadas las formas en que se expresan las irregularidades, que es clave ahondar en ellas, sobre todo, crear códigos éticos y una institucionalidad robusta que permita hacerles frente sin que con ello se paralice o ralentice el servicio.
Los alcaldes poseen unas de las más amplias facultades discrecionales entre las autoridades administrativas debido a la naturaleza de sus funciones, con el objetivo de facilitar la resolución de las más diversas circunstancias de hecho que se deben enfrentar en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, esta potestad es necesaria pero exige un cuidado especial, toda vez que la línea que separa la discrecionalidad de la arbitrariedad, es decir, del ejercicio antojadizo de las competencias, resulta muy delgada.
La necesidad de avanzar en los controles queda en evidencia al ver muchos casos recientes cuando los alcaldes o cualquier otra autoridad dejan sus cargos y se realizan las auditorías e investigaciones que permiten detectar irregularidades. Lo ocurrido en la Municipalidad de San Ramón es el más grave ejemplo, ya que eran de público conocimiento los nexos de la administración municipal con personas ligadas al narcotráfico, y pese a tener innumerables antecedentes a la vista, sólo se concreta la detención tras dejar su cargo.
En este sentido, la limitación de la reelección asoma como una medida útil para el resguardo de la institucionalidad, toda vez que la alternancia en el poder, al poner límites temporales a las administraciones municipales, desincentiva los hechos de corrupción como las malas prácticas, porque hay certeza que “cambiará la mano” en algún momento.
La alcadesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, ha dado señales claras de una política seria de mejoramiento de los estándares de probidad, citando hace pocos días a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal para abordar medidas concretas en esta línea, conformando equipos de trabajo especialmente dedicados a esto, anunciando la homologación de los estándares que rigen al municipio, con el de las corporaciones y organizaciones relacionadas a este.
Esperamos que muchos otros municipios y entidades públicas se sumen a la iniciativa de la Municipalidad de Las Condes, porque el primer paso para combatir la corrupción y las malas prácticas es asumir una actitud proactiva y no esperar que sea el legislador u otra institución el que traiga las soluciones.
